RESISTENCIA
DEL PUEBLO HONDUREÑO A LA MINERIA
IMPACTO DE LAS POLITICAS MINERAS
EN LOS DERECHOS HUMANOS
ANGÉLICA ROCÍO RODRÍGUEZ MONROY
ESPECIALIZACIÓN EN PEDAGOGIA DE LOS DERECHOS HUMANOS
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
Resumen
Da cuenta de un trabajo de investigación de la especialización en
pedagogía de los derechos humanos, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica
de Colombia, con el fin de analizar la vulneración de los derechos humanos en
Honduras a manos de las grandes mineras canadienses en los pueblos indígenas y
afrodescendientes. El método que se aplicó a la investigación fue el crítico e
interpretativo, observando el informe de la audiencia de minería en Latino América,
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, D.C. Así mismo
se estudió el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
“Situación de Derechos Humanos en Honduras” de la organización de los Estados
Americanos, del 31 de diciembre de 2015. Se puede encontrar gran cantidad de
artículos de revistas y paginas como la de “noalamina”, y el Centro hondureño
para el desarrollo comunitario, quienes luchan y se resisten a la perdida de
tierras ancestrales que traen consigo desarraigo, desplazamiento, muerte y
delincuencia.
Palabras claves: Derechos Humanos, indígenas, afrodescendientes, minería, políticas
públicas, desapariciones, desplazamiento.
Abstract
Da has of a work
of research of the specialization in pedagogy of them rights human, of the
University pedagogical and technological of Colombia, to analyze the
infringement of them rights human in Honduras to hands of them large mining
Canadian in them peoples indigenous and Afro-descendant. He method that is applied to
the research was the critical and interpretive, noting the report of the
audience of mining in Latin America, of it Commission inter-American of rights
human in Washington, D.C. Likewise
is studied the report of the Commission inter-American of rights human
"situation of rights human in Honduras" of the Organization of the
States American, of the 31 of December of 2015. Large number of journal
articles can be found and pages as "noalamina", and the Honduran
Center for community development, those who fight and resist the loss of
ancestral lands that bring get uprooting, displacement, death and crime.
Key words: human rights, indigenous,
Afro-descendent, mining, public policies, disappearances, displacement.
Con el ejercicio del
análisis crítico se hace indispensable hoy en día que se aborden reflexiones pertinentes
respecto a desentrañar las principales problemáticas que actualmente afectan de
manera grave al pueblo de Honduras con respecto a la violación de sus derechos
humanos debido a la explotación minera en tierras de los indígenas y
afrodecendientes, para que se propongan e implementen estrategias o modelos que
contribuyan a su empoderamiento[1], teniendo presente que
existe un sinnúmero de amenazas que la afectan directamente, expresadas
principalmente a través de la apropiación de prácticas, como la violencia, la
amenaza, la corrupción, la despropiación, el desplazamiento, la represión en la
participación ciudadana y la politiquería, entre otras, ocasionando con ello un
gran efecto negativo en los sistemas comunitarios en los ámbitos económicos,
políticos, sociales y culturales, al generar división, desarraigo y romper su
tejido comunitario.
Por esta razón, el
trabajo en referencia tuvo el propósito de indagar e interpretar críticamente
el estado actual de algunas de las comunidades indígenas que están siendo
vulneradas, a partir de las denuncias de los líderes de estas comunidades, para
analizar las propuestas que han hecho organizaciones de derechos humanos para
que las comunidades permanezcan en sus tierras y puedan vivir dignamente. Desde
esta perspectiva, se sustentará en este trabajo que uno de los elementos que
contribuyen con el proceso de empoderamiento de sus derechos humanos es a
través de la resistencia civil a las pretensiones de las empresas mineras de
explotar los recursos naturales a costa de la vida y de la salvaguardia del
medio ambiente.
Hay que resaltar que el origen de la minería en Honduras tiene sus bases
en el Estado liberal y el desarrollo del capitalismo en la región de
Centroamérica, es así como en un contexto histórico social la minería aparece
en 1530-60 con la extracción de oro de manera manual y luego en Tegucigalpa
dando origen así a la industria minera[2]
que en esta época actuó como centro de vida económica colonial. “Para los años
1888-1889 la producción minera integrada fundamentalmente por plata, broza
mineral y oro representa alrededor el 55% de las exportaciones nacionales de
acuerdo a los datos del Primer Anuario Estadístico del padre Vallejo”[3]
Pero lo que parecía
progreso
para todo el país hoy en día se ha convertido en un arma que atenta contra el
medio ambiente y derechos fundamentales de las comunidades que habitan los
sectores donde las empresas de minería están explotando y quieren extenderse.
Medios de comunicación como la revista Conexihon han denunciado las
concesiones otorgadas a las empresas mineras, así como las reformas a la legislación
penal para criminalizar la protesta de estas comunidades indígenas, quienes no
solo han sido reprimidas sino que además se les ha quitado la vida a luchadoras
como Berta Cáceres y Margarita Murillo, asesinadas en el marco de la lucha por
la defensa del derecho a la tierra y los bienes de la naturaleza y cuyos casos
están en la impunidad. Sobre este punto, esta revista afirma que se debe
terminar con la criminalización de la protesta social, condenar la persecución
abierta contra el campesinado, los docentes, obreros y con los estudiantes. El
pueblo hondureño se ha unido para pedir que se pare la represión contra los
campesinos y que se liberen a quienes están presos por la defensa de la tierra.
Por otra la Comisión
Interamericana de Derechos humanos ha
visitado y recogido gran cantidad de testimonios de los pueblos indígenas y
afrodescendientes que son víctimas de violencia. La CIDH ha manifestado su
preocupación debido a los desafíos que enfrentan los pueblos indígenas y
afrodescendientes vinculados principalmente a:
1.
La
grave inseguridad y violencia derivadas de la imposición de planes y proyectos
de desarrollo e inversión y de concesiones extractivas de recursos naturales en
sus territorios ancestrales.
2.
Los
desalojos forzosos a través del uso excesivo de la fuerza.
3.
La
persecución y criminalización de líderes indígenas por motivos vinculados a la
defensa de sus territorios ancestrales.
La violencia contra
los pueblos indígenas surge en gran medida de la lucha por la tierra y el
territorio que se agudiza por las condiciones de desigualdad y discriminación
en las que estos grupos se encuentran y las constantes barreras que enfrentan
en su acceso a la justicia. Estos actos
de violencia y amenazas de muerte a líderes indígenas y afrodescendientes, en
particular aquellos que defienden sus territorios y recursos naturales se da en
el contexto de desarrollo de megaproyectos, sin la consulta previa e informada
con el objetivo de obtener el consentimiento de estas comunidades. Muchos de
los ataques perpetrados en contra de la vida e integridad personal de líderes y
defensores indígenas tienen la intencionalidad de reducir las actividades de
defensa y protección de territorios y recursos naturales, así como la defensa
del derecho a la autonomía e identidad cultural.
Según la CIDH, las
agresiones, ataques y hostigamientos en contra de los dirigentes, por un lado
alteran gravemente la integridad cultural, y por otro también pueden contribuir
al rompimiento de la unión de la comunidad en torno a la defensa de sus derechos.
Entre algunas de las comunidades donde se dan casos de vulneración de los que
la CIDH ha tenido conocimiento se encuentra la situación del pueblo Tolupan, en
cuyo territorio ancestral se vienen desarrollando diversos proyectos de
explotación minera sin consulta a sus habitantes.
En el pueblo de
Tolupan ya han sido asesinados varios líderes por la lucha de la defensa de los
bienes naturales de su comunidad. se les ha tenido que dar medidas cautelares a
favor de los integrantes del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia
(MADJ) y sus familias, debido a las amenazas, hostigamientos y hechos de
violencia, de los que son víctimas en razón de su labor por la defensa de los
recursos naturales de los pueblos indígenas en esta zona. A pesar de haberles
dado inmunidad y que estas medidas cautelares se encuentran vigentes, la violencia
contra esta comunidad y en contra de los beneficiarios de estas medidas aún se
encuentran bajo amenaza y en estado de vulnerabilidad.
En Honduras, el pueblo
civil le ha indicado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que
existen alrededor de unas 98 concesiones mineras en los departamentos de
Lempira y Santa Bárbara, y que por temor a ser víctimas de violencia y como
consecuencia de las múltiples amenazas
recibidas por su labor al oponerse a los
diversos proyectos mineros, algunos dirigentes y líderes indígenas habrían
tenido que abandonar sus comunidades.
A continuación se
citaran textualmente los tipos de problemas que llevan a las comunidades
indígenas y afrodescendientes al marginamiento y racismo con que actúa el
estado hondureño frente a estos pueblos originarios, identificados por la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Los problemas que se identificaron son
los siguientes:
1. Falta de voluntad política de los
Estados para dar cumplimiento justo a las sentencias de la Corte Interamericana
y recomendaciones de la CIDH.
2. No existe en ningún país de
Centroamérica, una ley de reparación integral de las víctimas.
3. Ausencia de una estructura de
planificación nacional de investigaciones, a nivel general y en niveles
específicos, en los casos de graves violaciones a Derechos Humanos.
4. Acciones insuficientes para la defensa
y promoción de los derechos humanos y la memoria histórica.
5. Falta de sensibilización de operadores
del sistema de justicia con el tema de graves violaciones de los derechos
humanos.
6. Falta de empoderamiento ciudadano.
7. El trabajo estatal se ve fragmentado y
limitado en las capacidades aisladas de las instituciones, reduciendo la
eficacia en la reparación.[4]
Así mismo, se puede observar en el
informe de la audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos
humanos sobre las personas afectadas por la minería que tiene los siguientes
componentes: “afectaciones ambientales, amenazas y muerte de personas,
desplazamiento forzado e involuntario de poblaciones; afectaciones a la
propiedad y territorios comunales; afectaciones económicas, sociales y
culturales y afectaciones a otros derecho”[5]
En cuanto a las
afectaciones ambientales estas comunidades reclaman su derecho a un medio
ambiente limpio y libre de productos químicos que contaminan sus cuencas
hidrográficas y suelos. Además sus territorios sostienen su economía y
alimentación comunitaria y regional, por lo que los proyectos mineros también
amenazan gravemente dicha forma de vida, generando una contaminación
irreversible en su medio ambiente.
En cuanto al desplazamiento
forzado e involuntario de las comunidades indígenas y afrodescendientes que son
planeados y oficiados, ante los Estados, por las empresas mineras para lograr
la efectividad de sus proyectos, rechazan el uso de la violencia y muerte que
genera desarraigo social, familiar, cultural; alteración de los proyectos de
vida personal y colectivos, y de la memoria histórica y colectiva de las
poblaciones.
En cuanto a las afectaciones
económicas, sociales y culturales se evidencia alteración de las práctica
social de las personas de estas comunidades debido al aumento de niveles de
alcoholismo, drogadicción, delincuencia, prostitución, perturbación de la
tranquilidad, violencia familiar, deterioro del comportamiento ciudadano,
alteración de la organización social y comunal, y de sus formas de vida, se
quiebra el tejido de las comunidades y se da como estrategia de represión la criminalización de las
protestas.
La industria minera ha
provocado la división y enfrentamiento, teniendo como consecuencia la casi nula
representatividad comunal al interior de las comunidades. Por tal razón las
empresas mineras y el gobierno utilizan estos mecanismos, el de la división, la
confrontación de las comunidades, junto a los beneficios legislativos e
institucionales de acuerdo a los intereses de las empresas mineras, para lograr
su objetivo, el despojo de los territorios de las comunidades indígenas.
Cuando se habla de la
afectación a otros derechos se hace referencia a derechos como la vida,
partición ciudadana, consulta previa, libertad personal, expresión, reunión,
integridad personal, salud, vivienda, trabajo, derechos colectivos empobrecimiento
ambiental y humano. Se les violenta así mismo su derecho a la información, ya
que el gobierno otorga concesiones mineras sin el consentimiento de las
comunidades indígenas, o la información sobre las concesiones es manipulada y
poco accesible. Ahora bien,
“En cuanto al incremento
de procesos de criminalización en contra de defensores de derechos humanos, así
como de líderes comunitarios que ejercen su legítimo derecho a la protesta
social y a la defensa de sus territorios; estos procesos convierten a las
víctimas en victimarios, en enemigos del Estado y hasta la protesta social es
calificada como delito de terrorismo”[6]
Por lo anterior se
puede observar cómo se criminaliza el derecho a la protesta y el trabajo que
hacen los defensores de los territorios, encarcelándolos, persiguiéndolos y
hasta privándolos de su vida. Por todo lo anterior, está claro como el sistema
de justicia tampoco garantiza el ejercicio de los derechos humanos. Esto es lo
que se conoce como marcos normativos laxos, que no garantizan mecanismos
preventivos, ni recursos judiciales efectivos para canalizar las denuncias de
violaciones de derechos humanos y daños ambientales. Frecuentemente, estas
normas entran en abierta contradicción con convenios internacionales de
Derechos Humanos, propiciando que los Estados se conviertan en perpetradores de
violaciones a Derechos Fundamentales de la población afectada por la actividad
extractiva, ya que se encuentran ciertamente en una situación de indefensión,
donde el Estado no solamente les niegan el acceso a la justicia, sino que los
criminalizan y les cierran las posibilidades para el goce de sus derechos.
Cabe resaltar en este
punto que el país que más apoya y promociona activamente su industria minera en
el exterior es Canadá. Se habla incluso de la injerencia indebida del estado
canadiense y de sus empresas en los procesos legislativos internos de los
países en los que estas operan. Un caso claro y factico es el apoyo político y
financiero que Canadá brindó a la reforma de la legislación minera en Honduras,
luego del golpe de Estado. Este supuesto apoyo se pone en cuestión ya que su
apoyo a las reformas legislativas ha perjudicado los derechos de las comunidades
étnicas que en la actualidad tienden a desaparecer.
Las comunidades o etnias en Honduras que
tienden a desaparecer debido a las anteriores circunstancias en un futuro
próximo, son: Los Pech, Los Misquitos, los guarifunas, Los Tawahkas, Los
Lencas, Los Tolupanes y Los Chortis.
Ya con la industria
minera han desaparecido tres comunidades y ahora amenazan con desaparecer hasta
sus muertos al querer sacar oro hasta de los campos santos (los cementerios).
Hay un lugar que por
más de 200 años, los habitantes de Azacualpa en La Unión, Copán, han tenido la
costumbre de enterrar a sus muertos, ubicado en la parte alta de la montaña,
donde jamás pensaron que llegaría la maquinaria de la empresa Minerales de
Occidente S.A. (Minosa), para despojar a sus muertos. Han tenido que
organizarse para oponerse a las intenciones de expansión y desplazamiento que
tiene esta empresa.
Empresa Minerales de
Occidente hace desaparecer comunidad enteras en Copán
Mina de la empresa
Minosa que se ubica donde antes era San Andrés y San Miguel, pero en su afán de
seguir extrayendo oro, tiene intenciones de destruir el cerro del cementerio y
la comunidad de Azacualpa.
Esta situación se presenta porque el gobierno de Honduras ha sido flexible
al otorgar más
de 300 hectáreas de tierra para extraer metales a cielo abierto, principalmente
oro, a la empresa Aura Minerals de capital canadiense, que opera a través de la
filial Minerales de Occidente S.A. (Minosa) desde 2009. Pero en su ambición de
seguir extrayendo más oro, ha fijado su propósito sin importarle la destrucción del cerro del cementerio de la
comunidad de Azacualpa.
Lo anterior lo
pretende hacer la empresa Minosa porque
es Honduras quien aporta más oro a la empresa canadiense, aunque las
autoridades nacionales desconocen el dato exacto, se calcula que la producción
de Aura Minerales, tiene una base de recursos actual de más de 1,6 millones de
onzas de oro y el potencial de aumentar los recursos es lo que lleva a esta
empresa a expandirse incluso a destruir el cementerio de la comunidad
Azacualpa.
Ahora bien, es irónico
ver como Honduras siendo uno de los países más codiciados por sus yacimientos
de oro y plata y que es explotado desde el siglo XVIII, sus habitantes no
puedan disfrutar económicamente de esta actividad y sea de los países con mayor porcentaje de
población en condición de pobreza (60%). Siendo el departamento de Copán uno de
los más empobrecidos, 15 de sus 23 municipios registran un índice alto de
extrema pobreza. Según lo resalta el más reciente informe de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). A continuación se presenta
el mapa minero de Honduras donde se puede observar los productos metálicos y no
metálicos que se extraen de forma indiscriminada.
Cuando se habla de la
explotación minera indiscriminada en Honduras, se hace alusión a la explotación
de la mina a cielo abierto que trae consecuencias catastróficas para el medio
ambiente y para la salud de los habitantes por ejemplo de la zona de Copán, en los cuales
se encuentra la presencia de arsénico, plomo y mercurio en la orina y sangre de
las personas, producto de la actividad minera. Y el Estado no es capaz de
reconocer hasta que la Secretaría de Salud no sea capaz de avalar el daño que
ocasiona la minería en la salud de estas comunidades.
Como si esto no fuera
suficiente ya han desaparecido varias cuencas hidrográficas de la zona
contaminadas con los químicos que usa Minosa para extraer el oro; por tal razón
no es descabellado afirmar que se podría estar presenciando un desastre natural
producto de un drenaje ácido de mina, que puede afectar el occidente y el norte
de Honduras, ya que se ha ido vertiendo productos tóxicos en los río más
importantes de la región.
En Honduras el fenómeno
de la extracción minera se ha venido profundizando, especialmente cuando se
puso en marcha 25 años atrás el modelo neoliberal basado en la alianza entre
los capitales multinacionales con las élites locales que identificaron en los
ríos, los bosques, los minerales, el aire y los territorios una fuente segura
para la producción de capital. En los últimos años, particularmente, a partir
del golpe de Estado del 28 de junio de 2009, los promotores y ejecutores de
este modelo neoliberal ha dejado en un segundo plano la vida digna de las
comunidades presentes en los departamentos donde hay concesiones, logrando que
se aprueben paquetes legislativos que legalicen la práctica de extracción
minera. Lo que ha lleva a que en 16 de los 18 departamentos de Honduras haga
presencias estas empresas mineras.
De este modo, retomando el caso de la comunidad Azacualpa, la población se ha organizado para defender
la vida, y desde 2013, iniciaron una lucha para denunciar los daños
provocados por las excavaciones que realiza la empresa en su misión de extraer
oro de la zona. Y para frenar al mismo tiempo las intenciones de exhumar más de
250 osamentas con el fin de obtener la licencia ambiental y proceder a explotar
el área del cementerio. Como no se ha respetado este campo santo la población
de Azacualpa mantuvo una toma permanente de 36 días en la entrada principal al
cementerio comunal. Durante esta acción la comunidad fue víctima de represión
por parte de los órganos de seguridad del Estado, demostrando una vez más estar
de parte de los poderosos del país, lo denuncio el Comité Ambientalista de
Azacualpa. Lamentablemente si estas comunidades protestan los criminalizan o
los matan.
El gobierno de
Honduras a pesar de conocer las cifras de los asesinatos de defensores, del
daño y destrucción del ambiente, del desplazamiento de familias, de la
criminalización, de hostigamientos y de las amenazas en contra de los líderes
comunitarios, éste continúa promoviendo la minería como la única alternativa
para desarrollar las comunidades.
Propuestas
cambio.
·
La
Comisión Interamericana considera que es fundamental que exista y se implemente
en el pueblo de Honduras unas políticas públicas que aborden las necesidades de
los pueblos indígenas y afrodescendientes, en particular, la marginalización
socioeconómica a través de medidas efectivas que combatan la extrema-pobreza y
mejoren la educación y el empleo.
·
Las
políticas públicas relativas a los pueblos indígenas y afrodescendientes deben
ajustarse a sus necesidades y preocupaciones y deben ser consultadas con estos
grupos. Así mismo, el Estado debe intensificar sus acciones para respetar y
garantizar las tierras, y adoptar las medidas estatales necesarias para cumplir
con su obligación de garantizar una consulta previa libre e informada a los
pueblos indígenas sobre los proyectos desarrollados en sus tierras,
territorios, y que afectan sus recursos naturales, tomando en consideración la
especial relación entre estos pueblos con los recursos naturales.
·
Adoptar
acciones pertinentes para asegurar que las actividades que realicen la Policía
y Ejército Nacional en las actividades de la defensa de pueblos y comunidades
indígenas de sus territorios ancestrales y el ejercicio de sus derechos, vayan
de acuerdo con las funciones que les competen en un sistema democrático y en
cumplimiento de los estándares interamericanos sobre los derechos humanos.
Ahora bien, para finalizar este
análisis crítico de las implicaciones de las políticas mineras en los derechos
humanos, las propuestas de cambio no debe ser solo para que el Estado hondureño
las lleve a cabo, además de esto se deben formular unas propuestas de cambio en
las comunidades y defensores de DDHH para hacer efectiva la reparación de los
daños ocasionados por la minería a los indígenas y afrodescendientes. Estas
podrían ser[7]:
1.
Educación,
formación y movilización a la población para promover la participación
ciudadana como mecanismos no formales de presión contra los gobiernos
(ejercicio del control informal).
2.
Denuncia
pública por la ciudadanía ante la falta del cumplimiento de los Estados de las
Resoluciones dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la
Corte.
3.
Crear
una red de organizaciones regionales para compartir experiencias, acompañar
denuncias y dar alerta de violaciones a Derechos Humanos.
BIBLIOGRAFIA
COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS
HUMANOS, Situación de derechos humanos en Honduras. 2015
CRUZ, Rivas Carmen Yadira. Orígenes Mineros de Tegucigalpa y
alrededores a través de la literatura hondureña.
INFORME_AUDIENCIA_MINERA.
EN LATINO AMERICA. Situación de los
derechos humanos de las personas afectadas por la minería en las Américas y
responsabilidad de los Estados huéspedes y de origen de las empresas. 2013.
PDF
[1]
Es un concepto
bastante complejo en su definición y apreciación, pero para este trabajo lo
consideró como un proceso político y material que aumenta el poder del individuo
y del grupo, su resistencia y su capacidad de actuar por sí mismos.
[2]
Cfr. CRUZ, Rivas Carmen Yadira. Orígenes
Mineros de Tegucigalpa y alrededores a través de la literatura hondureña. Pág.
30-31
[3]
Ibíd.
[4]
http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3559:comunicado-de-las-organizaciones-regionales-participantes-en-el-seminario-y-foros-sobre-retos-en-la-reparacion-integral-conforme-los-estandares-del-sistema-interamericano-de-derechos-humanos&catid=42:seg-y-jus&Itemid=159
[5]
Informe_audiencia_minera. EN LATINO AMERICA 2013. PDF
[6]
Ibíd. Pág. 7
[7]http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3559:comunicado-de-las-organizaciones-regionales-participantes-en-el-seminario-y-foros-sobre-retos-en-la-reparacion-integral-conforme-los-estandares-del-sistema-interamericano-de-derechos-humanos&catid=42:seg-y-jus&Itemid=159
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