PANAMÁ: MINERIA Y DERECHOS
HUMANOS
Vulneración de
Derechos Humanos
PAULA GERALDINE
BARBOSA ARIAS
ESPECIALIZACION EN PEDAGOGIA
DE LOS DERECHOS HUMANOS
UPTC-DUITAMA
RESUMEN
Este documento, realiza una breve
descripción y aproximación a la situación que se ha presentado en panamá con
respecto a las consecuencias que ha traído la minera en los derechos humanos en
los últimos tiempos; adentra un poco más acerca de la minería panameña y como
esta ha afectado o beneficiado a los derechos humanos y las luchas que se han
presentado con respecto a ello; el conflicto minero también será tema tratado
acá; al igual que el programa de reforestación, y explora los retos y
beneficios que desprenden de la minería en panamá, las implicaciones que
conllevaría balancear, en forma simultánea, objetivos vinculados con el sector
, como crecimiento económico, progreso social y preservación del medio ambiente.
PALABRAS CLAVE
Derechos
humanos, minería, economía, conflicto, modelo extractivo
ABSTRACT:
This document provides a brief description and approach
to the situation that has arisen in Panama regarding the consequences brought
mining on human rights in recent times; delves a little more about the
Panamanian mining and how this has affected or benefited human rights and
struggles that have arisen with respect thereto; the mining conflict will also
be subject treated here; like the reforestation program, and explores the
challenges and benefits arising from mining in Panama, the implications would
entail balance, simultaneously, linked objectives with the sector, as economic
growth, social progress and environmental preservation .
KEYWORDS:
human rights, mining, economy, conflict,
extractive model
PRESENTACION
Panamá históricamente es un país de tránsito
y servicio, en perspectiva al capital y mercadeo de las grandes industrias del
globo, cuya riqueza ha sido sostenida por la economía de libre mercado bajo el
ropaje de los paraísos fiscales. Pero su revés, se aparta de la justicia
económica y social de la mayoría de la población.
Sin embargo en las últimas décadas, el sector
minero, ha sido elogiado por el sector empresarial, cuyos miembros promotores
están representados en los gobiernos, y que han categorizado dicha actividad
productiva de interés nacional junto a la Zona Libre de Colón y el Canal de
Panamá. Así comprobamos que los últimos
datos sobre la economía panameña, la explotación de minas y canteras, ha sido
de un 30% del Producto Interno Bruto de 36,252.5 millones de dólares en el
2012. Pero se desconoce los procedimientos de reversión a la economía
nacional. [1]
Sobre las consecuencias ambientales del
extractivismo minero metálico son evidentes, máxime, cuando su soberanía
ecológica es vulnerada por las concesiones solicitadas y adjudicadas para la
explotación representando 2. 333. 829 hectáreas del territorio panameño. Es
decir, aproximadamente el 44% del territorio nacional está en trámite para
otorgar a empresas mineras.
La actividad minera en Panamá, ha generado
consecuencias por doquier, con afectaciones a
la salud, contaminación de agua, infertilidad de la tierra, pobreza,
corrupción y exclusión social.
Un
factor muy importante para tener en cuenta cuando se habla del respeto por los
derechos humanos, desafortunadamente es la economía , ya que si esta no es
suficiente para suplir las necesidades, desafortunadamente dichos derechos
tienen la posibilidad de ser vulnerados, Pese a su escasa población, Panamá ha
venido dando muestras inequívocas de un crecimiento económico acelerado y sostenido,
al punto que en los últimos años éste ha alcanzado una tasa de 6 %, ubicándonos
muy por encima del promedio alcanzado por otros países de la región el año
pasado.
Luego de un estudio
minucioso de la economía panameña, el Fondo Monetario Internacional, señaló
recientemente, que de mantenerse la tendencia actual, esta podría convertirse
en la novena economía de América Latina en los próximos doce años. Actualmente,
Panamá ostenta la treceava posición en materia económica en la región.[2]
Modelo extractivo minero y derechos humanos Panameños
El modelo extractivo minero ha ganado espacio
en la economía de Panamá durante los últimos años, sin que responda a una
necesidad del país, sino a la lógica de acumulación de capital mediante la
intensificación del control, extracción y exportación a gran escala, atendiendo
el aumento de la demanda de minerales por las potencias establecidas y las
economías emergentes. Al hablar de modelo extractivo minero nos
referimos a las actividades mineras que transfiere casi en su totalidad los
beneficios económicos en forma de ganancia hacia las empresas
mineras, generando costos sociales y ambientales que deben ser asumidos
por las personas en el territorio.
Durante el período 2010-2012 se realizó
el intento de reforma al Código de Recursos Minerales, mediante la cual se
buscaba abrir la exploración y explotación minera a la participación de Estados
extranjeros.
Esa coyuntura provocó las peores
violaciones a derechos humanos desde los tiempos de la dictadura militar
que gobernó el país hasta 1989, con resultados conocidos en materia de derecho
a la vida, integridad personal, libertad individual, libertad de expresión,
manifestación pacífica, garantías judiciales, protección judicial, igualdad y
no discriminación, entre otros.3
Dicho problema minero, no se reduce a un
problema económico, ni ambiental, esto es un problema netamente político y de
derechos humanos ya que evidentemente la imposición de este no es algo
democrático ya que si existe un demostrado consenso en este país es en la conveniencia
de desarrollar la minería metálica a cielo abierto.
Más recientemente, hace exactamente un año,
ese consenso pudo observarse -a pesar de todos los obstáculos- en la
llamada Mesa de Diálogo por el Desarrollo Responsable de los Recursos Minerales
en Panamá, organizada por el Centro Nacional de Producción Más Limpia y de la cual
participamos en apoyo a las comunidades organizadas en contra del modelo
extractivo minero.
La mesa se vendió y se sigue vendiendo como un
espacio de intercambio democrático entre sectores, pero fueron públicas las
denuncias de sesgo en la composición del espacio, en los tiempos otorgados a
los expositores, en los criterios de valoración que privilegiaron el enfoque
economicista, sin considerar los costos sociales y ambientales, descartando
otros enfoques como secundarios. Solamente tras asegurar el control casi total
de ese espacio por representantes de sectores afines a la actividad minera,
pudieron sus organizadores señalar la existencia de acuerdos sobre asuntos
accesorios, nunca sobre el eje de la discusión: la necesidad y conveniencia de
imponer el modelo extractivo minero en Panamá.
Se habla que durante el periodo de los años 2010 y 2012 se realizó el
intento de reforma al código de recursos minerales, mediante la cual lo que se
busca era abrir una exploración y explotación de minería a la participación de
los estados extranjeros. Dicha articulación provoco las peores violaciones y/o
vulneraciones a derechos humanos desde los tiempos de
la dictadura militar que gobernó el país hasta 1989, con resultados conocidos
en materia de derecho a la vida, integridad personal, libertad individual,
libertad de expresión, manifestación pacífica, garantías judiciales, protección
judicial, igualdad y no discriminación, entre otros.
El modelo
extractivo minero es un problema de poder y por tanto político, es imposible
despolitizarlo. Además, es necesario ver el problema desde el debate sobre el concepto
mismo de desarrollo y alternativas al modelo de desarrollo, también desde
una perspectiva de derechos humanos, dando a la política un contenido de
derechos humanos, como garantías a la dignidad humana y límites al ejercicio
del poder.
Reiteramos
entonces, que ni las condiciones, ni los procesos de toma de decisión, ni los
efectos sociales, ecológicos y económicos del modelo extractivo minero son
productos democráticos respetuoso de los derechos humanos, sino que reflejan la
existencia de relaciones profundamente asimétricas de poder entre empresas
mineras y comunidades, en lo que el papel del Estado no puede quedar reducido a
asegurar la propiedad para la explotación y distribución de beneficios de
acuerdo a intereses estrictamente privados.
Por
eso expresamos nuestro apoyo a la iniciativa de moratoria como primer paso
hacia la declaración del país como territorio libre de minería metálica a cielo
abierto y solicitamos a la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos que en su
calidad de representantes electos por la población panameña, respondan al
consenso mayoritario que existe en el país, en contra de la imposición del
modelo extractivo minero en nuestro territorio.
Considerando lo antes
expuesto, la vía de resolución democrática del problema público sobre el
modelo extractivo minero, es la declaración de una moratoria a la actividad,
que permita ampliar el debate, revisar experiencias y fortalecer normas e instituciones
sin el peligro de mayores afectaciones al ambiente y la vida. El modelo extractivo minero
es un problema de derechos humanos desde el escenario condicionado en el cual
se pretenden ejecutar o ejecutan los proyectos, ya que aprovechan la
desatención de las obligaciones del Estado en materia de derechos económicos,
sociales y culturales, además de la desigualdad en las condiciones de
ejercicio de los derechos civiles y políticos entre distintos grupos sociales,
para promover una imagen de responsabilidad social que satisface necesidades de
la población.[3]
Luchas contra la minería panameña
Han transcurrido 4 años de los hechos en que el pueblo
indígena Ngäbé Büglé se levantó en rebeldía contra la política extractiva
minera, enfatizado en ese momento por el ex presidente Ricardo
Martinelli. La muerte de Jerónimo Rodríguez Tugrí y Mauricio Méndez, fueron asesinados por las balas de la
cobardía en que un gobierno, no creyó en los Derechos Humanos, ni en el respeto
al pueblo panameño. Una represión brutal, persecución y encarcelamiento fueron
algunos de los actos atroces, que marco el retorno de un régimen opresor y a favor de las
multinacionales extractivas de los bienes ecológicos.[4]
Se evidencia que a raíz de
del conflicto minero se han presentado vulneraciones y violaciones a los
derechos humanos, lo cual ha desencadenado en muertes que lo que hace es que
cada vez empeore la tranquilidad de pueblos indígenas, esto ha dejado familias enteras
llorando perdidas injustas de sus seres queridos, ha desencadenado de igual
forma, opresión y sed de venganza ya que por más equivocaciones que se hayan
cometido, esto no justifica que no se hayan respetado las luchas indígenas en
febrero de 2012.
Los procesos de colonización
han implicado para los pueblos indígenas la invasión, el deterioro y la pérdida
de sus territorios tradicionales, el empobrecimiento y la destrucción de los
recursos naturales y por lo tanto el deterioro y la pérdida de sus culturas,
como resultado de las ocupaciones e intervención desordenadas y no
planificadas, ni espacial, ni económica, y tecnológicamente, sin pretender caer
en posiciones extremistas, la introducción de nuevas tecnologías ha modificado
las actividades tradicionales de subsistencia intensificándolas y haciendo más
eficiente su capacidad transformadora de los ecosistemas, con graves efectos
ambientales.
Es muy importante tener en
cuenta que la vulneración del derecho a un ambiente sano es importante para
llevar a cabo otros derechos, como el derecho a la vida que es fundamental; es
evidente que los pueblos indígenas han tenido que sufrir la destrucción de sus
recursos naturales a causa de la extracción minera y esto debe ser algo
defendido, puesto que no solo ellos se verán afectados; es importante de igual
forma respetar su cultura.
El Estado lo que ha hecho es
que se ha preocupado principalmente por establecer que los recursos naturales
le pertenecen y con este propósito ha clasificado los recursos en renovables y
no renovables. Los recursos no renovables, o sea los recursos del subsuelo
(minerales) son del estado; los recursos renovables, como son el suelo, el
bosque y la fauna son propiedad del dueño del terreno o predio con
limitaciones; las aguas, los mares, ríos son de carácter público. Para el
cuidado y administración de los recursos naturales se presenta en la mayoría de
los ordenamientos la figura de tutela del Estado.
La ideología extractivista
del subsuelo como propiedad de la nación se extiende mecánicamente a los
recursos naturales. Por esta vía se llega a situaciones absurdas como la de
reconocer los derechos indígenas sobre el suelo, pero no sobre los recursos del
subsuelo, ni sobre los recursos naturales existentes sobre el suelo, es decir,
que son propietarios en abstracto, dueños de nada.
El interés gubernamental por
seguir desarrollando la actividad minera en Panamá resulta cada vez más evidente,
al punto que, de acuerdo con el mapa de solicitudes y concesiones de minerales
metálicos dado a conocer por la dirección de Recursos Minerales del Ministerio
de Comercio e Industrias, poco más de la mitad del territorio nacional está
sujeta a solicitudes de concesión para la exploración minera.[5]
Las territorios indígenas
implican el reconocimiento de los derechos colectivos sobre la tierra y los
derechos de administración de sus recursos existentes. Esta facultad se ejerce
a través de las estructuras tradicionales de administración, como lo son los
Congresos Generales; en esencia, el derecho a la libre determinación. El
interés nacional expresado en la Constitución Nacional se traduce en asegurar a
los pueblos indígenas no sólo la propiedad colectiva, sino además la capacidad
de que a través de sus gobiernos tradicionales impulsen ese desarrollo social,
económico y cultural. Interés nacional y desarrollo son conceptos que guardan
relación a lo tutelado por la constitución: en este caso los Pueblos Indígenas.
El interés nacional y el desarrollo debe ser interpretado desde la perspectiva
humana, donde el ejercicio de los derechos humanos y el desarrollo social
justo, beneficia a la mayor cantidad de gente.
Conclusiones
En conclusión se puede decir
que las causas que hicieron que las empresas de explotación minera paralizaran
sus actividades principalmente fueron provocadas por una serie de voces de
rechazo por parte de algunos sectores de la sociedad civil, tales como poblaciones
potencialmente afectadas y organizaciones no gubernamentales que luchaban en
defensa del medio ambiente y en especial y principalmente de los derechos
humanos, quienes tenían como justificación, que las explotaciones mineras,
generaban mas perjuicios que beneficios para la población en general, el medio
ambiente, y la economía del país.
Se acusa al gobierno por no
hacer consultas a la población directamente afectada antes de proceder a la
firma de los contratos con las empresas mineras, es decir, esto no se hizo de
forma democrática, sino que se establecieron por beneficio del gobierno propio;
por otro lado se incumplió un compromiso que es importante para el desarrollo
ambiental, y este es que no se cumplió el estudio de impacto ambiental.
Finalmente se puede decir
que a raíz de todo esto se generó un ambiente de tensión, en donde los sectores
afectados e involucrados, intentan justificar sus posturas a través de los
medios de comunicación, provocando confusión, debido a que por obvias razones cada
quien da su opinión como le conviene.
No es posible resolver un
conflicto, cuando las leyes son insuficientes y no son de igual forma garantía
para los pueblos indígenas, para la población panameña en general; fue tan
grande el impacto que generó esto y tan negativo que se llevó a cabo, por una
parte la reubicación de las personas que tuvieron que despojar sus lugares,
culturalmente hablando sus sitios sagrados fueron excavados y es difícil l ver
como lograran rescatar parte importante de su cultura. Los cambios ecológicos, la
contaminación de los ríos, y el medio ambiente en general.
No hubo aportes en
desarrollo social.
Bibliografía
·
Colectivo Voces Ecológicas COVEC. 17 de julio
de 2014, Panamá.
·
Situación actual y perspectivas de la economía
panameña, viernes 8 de mayo de 2015-Reynaldo Núñez Montoto-la estrella de
panamá encontrado en : http://laestrella.com.pa/opinion/columnistas/situacion-actual-perspectivas-economia-panamena/23864051
·
Impacto
del modelo extractivo minero en los derechos humanos en Panamá-13 NOVIEMBRE,
2014PUBLICADO EN: DESTACADA, MESOAMÉRICA, PANAMÁ
·
Informe sobre Derechos Humanos y
Conflictividad en Centroamérica 2011-2012. Equipo Regional de monitoreo y
Análisis de Derechos Humanos en Centroamérica. Consultado el 27 de octubre de
2014 en http://www.lwfcamerica.org/uploaded/content/category/1572914543.pdf
*Documento
presentando en la Asamblea Nacional de Diputados de Panamá. Miércoles 29 de
octubre de 2014.
Por Voces Ecológicas
Panamá,
integrantes del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero
-M4-.
·
4 año de lucha
indígena contra la minería en Panamá– 8 FEBRERO, 2016PUBLICADO
EN: DESTACADA, MESOAMÉRICA, PANAMÁ, fuente: Radio Temblor
·
Florina López Miró: Activista
sobre temas de protección del medio ambiente, y de capacitación de mujeres;
Indígena kuna de Panamá, actualmente ocupa el cargo de administradora de la
Asociación Napguana. E-mail: lopezflorina@hotmail.com
[2] Situación actual y
perspectivas de la economía panameña, viernes 8 de mayo de 2015-Reynaldo Núñez
Montoto-la estrella de panamá encontrado
en : http://laestrella.com.pa/opinion/columnistas/situacion-actual-perspectivas-economia-panamena/23864051
[3] . Informe sobre Derechos
Humanos y Conflictividad en Centroamérica 2011-2012. Equipo Regional de
monitoreo y Análisis de Derechos Humanos en Centroamérica. Consultado el 27 de
octubre de 2014 en http://www.lwfcamerica.org/uploaded/content/category/1572914543.pdf
*Documento presentando en la Asamblea
Nacional de Diputados de Panamá. Miércoles 29 de octubre de 2014.
Por Voces Ecológicas Panamá, integrantes del Movimiento
Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero -M4-.
[5] Florina López Miró:
Activista sobre temas de protección del medio ambiente, y de capacitación de
mujeres; Indígena kuna de Panamá, actualmente ocupa el cargo de administradora
de la Asociación Napguana. E-mail: lopezflorina@hotmail.com
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