MEXICO: MINERIA Y DERECHOS HUMANOS

Las luchas de mujeres e indígenas atacados por multinacionales

                                                                         

LAURA ALEJANDRA MESA VERGARA

ESPECIALIZACIÓN EN PEDAGOGIA DE LOS DERECHOS HUMANOS

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

RESUMEN:

En México existen al menos 37 conflictos mineros en procesos, registrados por el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, la mayoría relacionados con despojos, daños a la salud, contaminación y derechos laborales, qué en el 70% de los casos, son con compañías extranjeras. Las personas que viven en regiones mineras ven vulnerados sus derechos de un medio ambiente sano, protección de flora y fauna, además de contaminación de agua, explicó Elena Villafuerte, integrante del área de Justicia Trasnacional del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.C. (ProDESC). Además, los defensores de las tierras y la gente del comisariado ejidal enfrentan amenazas, agresiones y hostigamientos por parte de las empresas, dice Villafuerte.

PALABRAS CLAVE:

Minería, Ley Minera, Trasnacionales, Derechos Humanos, Agua, Indígenas, Mujer.

ABSTRAC:

In Mexico there are at least 37 mining conflicts in processes, recorded by the Observatory of Mining Conflicts in Latin America, most related offal, damage to health, pollution and labor rights, which in 70% of cases are with foreign companies. People living in mining regions are violated their rights to a healthy environment, protection of flora and fauna and water pollution, said Elena Villafuerte, a member of area Transnational Justice Project on Economic, Social and Cultural Rights, A.C. (ProDESC). Moreover, proponents of the land and people of the ejido face threats, attacks and harassment by companies, says Villafuerte

KEYWORDS:

Mining, Mining Law, Transnational Corporations, Human Rights, Water, Indigenous, Female

PRESENTACIÓN:

De manera general se pretende esbozar un panorama de los problemas económicos, sociales y ecológicos de la minería en México. Explicando previamente los antecedentes constitucionales, convencionales y legales de la  minería, desde la época de la colonia a nuestros días. Posteriormente se hace un análisis de la crítica a la ley minera vigente que data de 1992, puesto que ese marco jurídico, además de poseer diversos vicios  de inconstitucionalidad propicia violaciones a los derechos fundamentales de las comunidades, las mujeres, los indígenas  y ciudadanos que se manifiestan en diversos conflictos sociales y en infracciones a los principios económicos de la Constitución que promueven la privación de los recursos del subsuelo en detrimento de la República, pues los beneficios por la extracción de minerales se transfieren fundamentalmente  a empresas extranjeras a cambio de casi nada. Sumado a lo anterior se hace una concienzuda reflexión sobre las implicaciones de las diversas formas de minería en la violación de los derechos humanos de los grupos poblacionales más vulnerables: los indígenas y las mujeres. Y por último se describen las luchas que se están desarrollando por los pueblos y los defensores para el reconocimiento de los Derechos más vulnerados.

1.   HISTORIA DE LA MINERIA EN MÉXICO

  

La historia de la minería comercial en México data de al menos 500 años atrás. Hoy en día, México continúa siendo uno de los mayores países productores de diversos minerales. Siendo reconocido por las compañías mineras como uno de los principales destinos para la exploración. La minería no comercial precede a la llegada de los españoles. Las civilizaciones precolombinas manejaban el oro, la plata y otros metales en gran manera. Posteriormente, en nombre de la corona española, Hernán Cortés vino a América (incluyendo México) en 1521. Durante la época colonial, los habitantes oriundos de México fueron introducidos forzosamente a una economía de mercado desconocida por ellos. La explotación de los metales estableció una jerarquía entre los conquistadores españoles y los nativos, incluso condujo a la creación de una raza mestiza (mezcla de españoles e indígenas).

  

La minería colonial comenzó cuando las técnicas de producción europeas fueron llevadas al "nuevo mundo" con la finalidad de satisfacer la insaciable demanda de metales que había en Europa. En cuestión de años, la plata y el oro extraído de las minas mexicanas comenzaron a fluir por las arcas de la corona española. Durante los siguientes 300 años, bajo el dominio español, minerales como el cobre, carbón, plomo y zinc fueron extraídos de minas mexicanas.

Los grandes depósitos plata y oro provenientes de la veta madre en Guanajuato fueron descubiertos en 1550, después de que el oro, localizado cerca de la Ciudad de México, y que fue desarrollado para convertirlo en un gran distrito minero para 1530, siendo minado regularmente (salvo algunas interrupciones), durante 400 años. Durante este período se extrajeron cerca de 5 millones de oz de oro.

Durante el primer boom de plata americana, entre 1570 y 1630, la industria mexicana se vio ensombrecida por las minas del Alto Perú, que suministro a la corona española con el 65 por ciento de las importaciones de metales preciosos extraídos en el nuevo mundo. No obstante, para el siglo dieciocho México emergió nuevamente como el principal productor de plata en el mundo[1].

Las semillas de la modernización económica comenzaron a establecerse bajo la República restaurada (1867-1876). El presidente Benito Juárez (1857-1872) buscó la modernización económica del país mediante la captación de inversión extranjera, su gobierno, revisó la estructura arancelaria y tributaria para revitalizar la industria minera, se mejoró la infraestructura de las vías de comunicación y transporte, para permitir un mayor desarrollo y producción de los recursos naturales del país.

A finales del siglo diecinueve la industria minera mexicana se expandió, el general Porfirio Díaz, que gobernó el país hasta la Revolución en 1910, fungiendo como presidente entre 1877 a 1880 y de 1844 hasta 1911, durante este período emergió un nuevo México, Díaz estableció orden y un gobierno viable. La guerra civil, así como los movimientos armados cesaron, así como el bandidaje en los caminos.

La inversión extranjera se apresuró a aprovechar el nuevo clima político y económico. En 1884 y 1892 se reformó la ley minera, integrando una reglamentación más liberal, cambiando así las conocidas como Ordenanzas de Minería (proveniente de la época colonial), dando lugar a la concesión de la propiedad del subsuelo (derechos mineros) a los propietarios de las tierras. Las consecuencias de estos cambios rompieron con el antiguo dominio de mineros españoles y europeos, permitiendo a las nuevas compañías norteamericanas operar en México. Esto revivió a la industria minería y permitió también el descubrimiento de grandes yacimientos de petróleo. Las exportaciones y el ingreso nacional se incrementaron, así como la industria se establecía a lo largo y ancho del país.

  

La Revolución Mexicana (1910) allanó el camino para una nueva Constitución, la cual fue promulgada en 1917 e incluyó el artículo 27 que permitía a México recuperar el control directo de los recursos minerales. Más tarde, en 1934, el gobierno limitó el tamaño de las concesiones mineras, promovió la formación de cooperativas y creo la Comisión de Fomento Minero.

En Febrero de 1961 hubo nuevos cambios al artículo 27 con la promulgación de la reglamentación sobre la exploración y tratamiento de recursos minerales, que estableció un mínimo de 51% de propiedad mexicana en proyectos mineros. Está regulación obligo a los inversionistas extranjeros a vender sus acciones o a reconstituirse como una empresa mexicana.

  

El gobierno del presidente de Luis Echeverría Álvarez a principios de los años 1970 estuvo marcada por la inestabilidad económica y el descontento político. Su sucesor, el presidente José López Portillo, exploto las reservas de petróleo recientemente descubiertas que entraron a México en un periodo de prosperidad económico.En 1982, la economía de México estaba al borde del colapso a causa de caída del mercado mundial del petróleo. El gobierno impuso vastas medidas de austeridad y en 1985 firmó con los acreedores extranjeros la primera etapa de un plan de reestructuración de la deuda a 14 años. En septiembre de 1985, la economía mexicana sufrió un revés adicional cuando los terremotos dañaron gravemente la capital, matando e hiriendo a miles. Aunque la inflación se aceleró y la deuda externa creció, las perspectivas económicas comenzaron a ser más prometedoras de nuevo cuando los precios del petróleo comenzaron a recuperarse en 1987[2].

2.    SITUACIÓN ACTUAL DE LA MINERÍA MEXICANA

La minería es una de las actividades económicas de mayor tradición en México, practicada desde la época prehispánica y fuente de la expansión regional desde la colonia. En el México independiente, la participación de la industria minera fue muy importante para el desarrollo económico del país, pero nunca exenta de conflictos sociales, dada la concentración de la riqueza de esta industria en pocas manos y una gran explotación que se hizo y se sigue ejerciendo sobre los trabajadores mineros.

Actualmente el sector minero aporta el 1.5% al producto interno bruto nacional, contribuye con 328 mil empleos directos y un millón 600 mil indirectos, según cifras de la Cámara Minera de México, CAMIMEX, lo que le hace ser uno de los sectores empleadores más grandes del país. Hoy en día, la industria minera se ubica como el cuarto generador de divisas netas del país, con un monto de 22 mil 516 millones de dólares, según cifras de INEGI.

México es un territorio atractivo para los inversionistas ya que es el primer productor mundial de plata, undécimo de oro y duodécimo de cobre. También es el segundo mayor productor de fluorita, el tercero más grande de bismuto y el quinto más grande de plomo. La producción minera de México se divide en 21% oro, 20% plata, 14% cobre, 8% zinc y el resto en otros minerales, según datos de la Secretaría de Economía.

La industria minera en México ha crecido a pasos agigantados a lo largo de todo el territorio del país. Sólo en el gobierno de Felipe Calderón, la inversión extranjera directa en el sector minero aumento más de 224% con respecto al sexenio anterior, según cifras de la Secretaria de Economía (SE).

El sector minero en México está concentrado y dominado por pocas empresas, nacionales y extranjeras, que son las beneficiarias de la riqueza de la industria. Los trabajadores mineros, por el contrario, no son tan afortunados, realizan su labor en condiciones muy desfavorables de higiene y seguridad, con muy bajos salarios.  Por su parte, las comunidades en donde se desarrollan estas actividades no se ven beneficiadas, sino que sufren terribles impactos ecológicos, debido a que la extracción minera afecta el ambiente desde el subsuelo hasta la atmósfera, incluyendo suelos y cuerpos de agua.

3.   MINERAS EN MÉXICO, DERECHOS HUMANOS, INDÍGENAS Y ACCESO AL AGUA

Como una de las consecuencias inevitables de la inserción de México al neoliberalismo y la firma de convenios y tratados de libre comercio, el 70% de las minas en México son controladas por Canadienses. En complicidad con el estado mexicano, en los portales de la Secretaría de Economía se promueve a México como un destino de inversión en el sector minero, en detrimento de los derechos de pueblos indígenas y sus sistemas tradicionales de abasto de agua.

Las empresas canadienses controlan unos 92 millones de hectáreas de concesiones en el territorio de México, en el cuál tienen 207 proyectos mineros, 74% del total, teniendo a las 10 minas de oro más grandes del país: Goldcorp, Agnico Eagle, Alamos Gold, New Gold, Yamana Gold y Torex Gold Resources. Ello con la mayor producción de oro en la mina Peñasquito, 411 mil onzas de producción. Y esto no sólo en el país, ya que Canadá tieneg el control del 51% del capital minero del planeta.

El 7 de Agosto del año pasado, se derramaron alrededor de 40 mil metros cúbicos de solución de cobre y otros metales procesados con ácido sulfúrico que se derramaron desde la mina Cananea, operada por la compañía Buenavista del Cobre en el estado de Sonora. En ese momento, el gobierno de Sonora rompió cualquier relación con el grupo Buenavista del Cobre (una de las empresas mineras más grandes del mundo) que incluso continúa descargando sus desechos tóxicos de manera deliberada, según la Dirección de Protección Civil de Sonora.

La filtración a las aguas de los ríos Bacanuchi y Sonora, se encontraban en un tanque de almacenamiento de la mina, operada por la empresa, propiedad de Grupo México, siendo uno de los peores desastres ecológicos del país en tiempos recientes. La empresa, ha obstaculizado las investigaciones, bajo la advertencia del uso de la fuerza pública del gobierno del estado. El derrame alcanzó a 7 municipios y dejó sin agua a 20 mil personas.

Impusieron multas por 44.5 millones de pesos, por el derrame, además del anuncio de la creación del fideicomiso financiado por Grupo México de 2 mil millones de pesos para la reparación del daño ambiental; fiscales federales siguen investigando si la fuga de las sustancias tóxicas fue por la mala construcción de los contenedores o por las excesivas lluvias, como sostiene la empresa. Esto en términos del Derecho Ecológico, es el pago por la explotación y contaminación del medio ambiente, como si el dañar el equilibrio ecológico tuviera una cuota que están dispuestos y tienen el capital para pagar las grandes empresas.

Entre las afectaciones que hace la minería a cielo abierto están: la eliminación de bosques, remueve y destruye suelos, agota y contamina el agua con químicos, despoja a comunidades de sus tierras, elimina la flora y fauna nativas y afecta la salud de los pobladores. Así mismo, en casi todas las localidades en que se asientan las mineras, se reciben como pago una muy pequeña cantidad de la riqueza que se extrae de sus tierras.

Dentro de las comunidades más afectadas se encuentran los asentamientos Indígenas, por lo que hoy en día existen demandas al gobierno mexicano por violar sus derechos y el acceso al agua, a causa de la inconstitucionalidad de la ley minera promulgada por el gobierno, pues permite la explotación de la minería por encima de los derechos de los pueblos y personas como el derecho humano al agua.

En una jugarreta doble, en términos del acto legislativo (ley minera) y administrativos (otorgar concesiones), no se consultó a los pueblos afectados, siendo una de las obligaciones del estado mexicano. En la cuestión del agua, como sostuvo el integrante del consejo Tiyatl Tlali de la sierra norte de Puebla, Leonardo Durán, según la observación federal 15 de Naciones Unidas:

-el derecho humano al agua incluye garantizar recursos de aguas a los pueblos indígenas; y

- proteger los sistemas tradicionales de abasto de agua (los más usados fuera de la zona metropolitana, en zonas rurales y juntas auxiliares)

Incluso hoy en día, en el México rural no hay sistemas operadores de agua potable, por lo cual es muy común el ejercicio de construcción comunal, que es la forma en la que llega el agua por estos sistemas de abasto e incluso con la construcción de su drenaje y captadores pluviales.

En este punto resulta muy pertinente el estudio sobre las industrias extractivas en México y la situación de los pueblos indígenas en los territorios en que están ubicadas éstas, que el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas del Consejo Económico y Social de la Organización de Naciones Unidas encargó a Saúl Vicente Vázquez para ser presentado en su 12 periodo de sesiones, en mayo de este año.

El informe es significativo en más de un sentido. Principalmente por el hecho de que una instancia internacional, de la relevancia de la ONU, repare sobre un conflicto de graves consecuencias políticas, jurídicas, sanitarias, sociales y ambientales que en México (y en el ámbito mundial) está causando la megaminería tóxica, particularmente en los territorios de los pueblos indígenas. El informe, por su contenido y recomendaciones, constituye una severa llamada de atención para el Estado mexicano, que por omisión y comisión no garantiza ni hace respetar los derechos de los pueblos originarios, y lo exhorta –entre otras acciones– a la aprobación de una « ley federal de consulta y consentimiento libre, previo e informado conforme a los estándares internacionales establecidos en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas ».

El informe destaca la ratificación por parte de México del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y, en consecuencia, la obligación del Estado en cuanto a industrias extractivas mineras se refiere, de respetar la libre determinación de los pueblos indígenas, a través de la cual determinan libremente su condición política y persiguen su desarrollo económico, social y cultural. Este derecho sólo puede ejercerse a partir del reconocimiento de su espacio vital, esto es, el territorio; por lo que el autor del informe, con especial coherencia argumentativa, cita el artículo 26 de la Declaración Universal de que los pueblos indígenas tienen « derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otro tipo tradicional de ocupación o utilización ».

También el autor señala, con conocimiento pleno, que los derechos a la consulta y consentimiento previo, libre e informado y a la participación en la adopción de decisiones que les afecten directa o indirectamente son la piedra angular de la Declaración Universal y el Convenio 169, por lo que las leyes secundarias referidas, especialmente la ley minera, van a contrasentido de las obligaciones a ese marco jurídico internacional que México ha ratificado y adoptado.

El informe corrobora la conflictividad inherente a la actividad minera citando al Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, que ha detectado 164 conflictos en 17 países de la región, que incluyen los 19 de México. Aquí, hace notar la gravedad de la situación de los enfrentamientos en Guerrero, Oaxaca y San Luis Potosí, entre otros estados, en que oposicionistas a las mineras incluso han sido asesinados y sus movimientos criminalizados.

Estas empresas, además, capitalizan la crisis de la agricultura, la marginalidad y la pérdida de soberanía alimentaria para cooptar a algunos líderes comunitarios. “La preocupación por la relación entre pueblos indígenas y las empresas extractivas en México ha llegado al ámbito de las Naciones Unidas. Así, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial expresó su « seria preocupación ante las crecientes tensiones entre actores externos y pueblos indígenas asociados a la explotación de recursos naturales, destacando en particular los casos de explotación minera »[3].

4.   MUJER, VIOLENCIA E INDUSTRIA MINERA EN MÉXICO

En el sistema capitalista-imperialista la industria minera se basa en la violencia para su imposición y desarrollo. Múltiples son las formas en que esta industria extractiva ejerce violencia contra las mujeres, incluso antes de que comience la explotación de los minerales y luego de que termina la vida útil de las minas, desde el momento mismo en que las corporaciones invaden un territorio, utilizando la violencia física y sexual para el despojo y el control, violando y violentando derechos, y poniendo en riesgo a las comunidades y ecosistemas donde las mujeres y sus familias desarrollan su vida; luego generando división y rompimiento del tejido social, despojando a las mujeres de sus medios de vida, sobreexplotando su fuerza de trabajo, masculinizando los espacios y reforzando el patriarcado, aumentando los niveles de violencia intrafamiliar, la prostitución, así como la criminalización de las mujeres defensoras de derechos; y después de que han extraído todo el mineral, dejando las dolorosas secuelas sociales y ambientales, como daños irreversibles en la salud de las mujeres y sus familias, sin que nadie responda por estos crímenes.

Como patrón en todos los territorios afectados por la industria minera, las mujeres no son escuchadas, ni cuentan con mecanismos para presionar por sus legítimas demandas, todo lo contrario pasan a ser blanco de rabiosos y permanentes ataques por parte de las corporaciones, gobiernos y estados que las consideran un “obstáculo” para la imposición de los mega proyectos. Las mujeres se enfrentan así al poderío corporativo en defensa de sus legítimos derechos. Frente a ello los usurpadores recurren a otras formas y mayores niveles de violencia contra las mujeres, como la violación sexual para el despojo forzado de los territorios.

El ambiente de hostilidad permanente que viven las mujeres, incluso antes del inicio de la explotación minera, incrementa sus preocupaciones cotidianas, pone en grave riesgo su vida, su integridad, y su salud física y emocional ya que las somete a mayores niveles de presión y sentimientos de frustración al no poder hacer frente al poder corporativo y de los gobiernos y estados cómplices del saqueo minero.

Una vez que las corporaciones se instalan en los territorios usurpados, el predominio de los hombres será mayor, ya que la minería es una actividad que demanda principalmente su mano de obra, provocando una verdadera “masculinización” de los territorios donde se implanta. A la par con ello, las mujeres despojadas de sus medios de subsistencia como es la producción de alimentos a pequeña escala, caerán en una una mayor dependencia económica con respecto a los hombres, esto como es lógico se traducirá en mayores niveles de violencia intrafamiliar.

Además de la violencia doméstica, las mujeres deberán seguir haciendo frente a la violencia institucionalizada por parte de los gobiernos y estados, cuando no a la de otros actores que se involucran en los conflictos mineros como mafias de la droga o de la trata de personas y/u otros grupos armados. Así la violencia se instituye en forma permanente en los territorios ocupados y se vuelven cotidianos los casos de mujeres violadas, heridas, asesinadas, desaparecidas, secuestradas, torturadas. Laura Carlsen, analizando el caso de México señala: “Las mujeres organizadas contra la minería, los megaproyectos y otras invasiones de sus derechos y tierras entran en conflicto con adversarios inmensamente poderosos y brutales. Las compañías de seguridad privada contratadas por los invasores, las fuerzas gubernamentales de seguridad y las fuerzas paramilitares con frecuencia atacan a la gente que defiende sus tierras donde las mujeres a menudo lideran estas luchas. La Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos presentó un diagnóstico de los ataques contra las defensoras en 2012. En la región, 38 fueron asesinadas, la mayor parte mujeres defendiendo tierras, territorios y recursos.

Y no se puede dejar de mencionar una de las formas de violencia directa contra el cuerpo de las mujeres que genera la industria minera y que afecta cada vez con mayor fuerza a miles de mujeres, incluso niñas y adolescentes, esto es la prostitución y el negocio de la trata de blancas. Cuando el mineral se agota, las empresas abandonan los territorios devastados, dejando dolorosas secuelas para las comunidades y en especial para las mujeres. Si por efecto de la contaminación minera las mujeres se ven afectadas en su salud y/o en la de sus hijas/os u otros miembros de su familia, esto hará que la carga de su trabajo reproductivo aumente, ya que el cuidado de las/los enfermos recae directamente sobre ella[4].

5.   URGENTE NECESIDAD DE DEFENDER LOS DERECHOS HUMANOS FRENTE A LA MINERÍA EN MÉXICO

Actividades extractivas de recursos naturales como la minería, en la que se privilegian los beneficios económicos sobre el bienestar social, hacen indispensable contar con herramientas de defensa para las comunidades, mujeres y pueblos indígenas, principales víctimas de los abusos que se promueven con estas prácticas y que van desde el despojo de tierras hasta la coerción de derechos como la libertad de expresión. Además, se atentan contra los derechos laborales y ambientales; los relacionados con la salud, vivienda, agua y saneamiento; consulta y consentimiento libre, previo e informado; acceso a información, así como a la participación y acceso a la justicia. En el caso de los pueblos indígenas o equiparables se violan, inclusive, el respeto a su cultura, identidad y en general a su autodeterminación y desarrollo.

A fines de 2014 se registraron un total de 25,267 concesiones mineras, que amparaban una superficie de casi 26 millones de hectáreas, representando alrededor de 12.7 por ciento de la extensión del territorio mexicano. Tan sólo en 2015 se expidieron 897 títulos de concesión, pese a que el Gobierno mexicano reconoce que la minería es, en muchos lugares, la “génesis de conflictos sociales” ya que genera enormes cantidades de desperdicios y contaminación, que trastorna las economías locales y las fuentes de sustento de las poblaciones indígenas, destruyendo hábitats naturales a través de un legado tóxico que dura cientos de años.

El auge de la actividad minera ha sido posible bajo el control y vigilancia del Estado, muchas de las concesiones otorgadas se traslapan con territorios comunales y ejidales, atentando con las formas de organización y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las comunidades indígenas y campesinas.

Esto suscita una problemática compleja, la destrucción masiva de los recursos naturales provocada por la actividad minera: contaminación del aire, el agua y el suelo a gran escala; alteración del entorno y los ecosistemas; cambio de uso de suelo, incluso en áreas naturales protegidas; despojos con violencia, represión y crimen contra formas de defensa del territorio y organización comunitaria; deterioro de la salud de los habitantes cercanos a las minas; además del impacto que sufren los trabajadores mineros por laborar en condiciones de alto riesgo y por el uso intensivo de materiales peligrosos y sustancias químicas.

Por ello, resulta indispensable fortalecer en México el trabajo de defensa social y ambiental frente a esta actividad industrial depredadora. De acuerdo con el Observatorio de conflictos mineros en América Latina (Ocmal)[1], en 2014 México ocupaba el segundo lugar de la región con problemas registrados en este sector con 37; mientras que la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) señala la existencia de 300 conflictos en comunidades y pueblos rurales e indígenas, producto de la actividad y concesiones mineras.

Frente a este panorama, Greenpeace México, Fronteras Comunes y un colectivo de abogados y abogadas presentaron el Manual para la “Defensa de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) de Pueblos y Comunidades frente a los Megaproyectos Mineros en México” que aborda las relaciones y tensiones entre los DESCA y la minería, para entender cómo a partir de la sobreexplotación, el deterioro, la afectación de los recursos naturales, la corrupción y la impunidad, es que el Estado mexicano privilegia el beneficio de intereses privados nacionales y extranjeros sobre los DESCA, quebrantando así los derechos colectivos[5].